Todo arrendador y arrendatario de una residencia, apartamento o local comercial dentro del istmo, debe cumplir cabalmente con los derechos y obligaciones estipulados en la ley. Los derechos del arrendatario en Panamá se encuentran explícitamente detallados dentro de la Ley 93 de 1973.
En este post, explicaremos con un lenguaje práctico y entendible los puntos más relevantes sobre los derechos y las obligaciones que asumen los inquilinos cuando alquilan una propiedad en Panamá.
¿Qué es un arrendatario o inquilino?
Se conoce como arrendatario a la persona natural o jurídica que adquiere el derecho de usar un inmueble a cambio del pago de cuotas consecutivas (previamente acordadas) a favor del propietario del bien.
¿Qué son los derechos y deberes del arrendatario?
Antes de introducirnos directamente en este tema, primero debemos mencionar que para que ocurra un alquiler legal en el país, las partes interesadas deben contar con un contrato de arrendamiento que contemple lo acordado entre el arrendador y el arrendatario.
De esta manera, cuando alguno de los involucrados incumpla una o más de sus cláusulas, el afectado podrá dirigirse a la autoridad competente para denunciar el hecho, exigir su cumplimiento, o en su defecto, solicitar que se dicte la sanción correspondiente.
Los deberes y derechos del arrendatario en Panamá están reconocidos jurídicamente dentro de los artículos 32, 33 y 34 del capítulo VI de la ley 93 de 1973; siendo una recopilación de acciones y normas de cumplimiento obligatorio para los arrendatarios de bienes inmuebles particulares, establecimientos comerciales, de uso profesional, actividades industriales y docentes.
Derechos del arrendatario en Panamá
Citamos textualmente algunos fragmentos del artículo 34. El arrendatario tiene derecho a:
- “Usar el bien inmueble arrendado, de acuerdo con su destino, por todo el tiempo que dure el contrato de arrendamiento, salvo lo dispuesto en el artículo 7 de esta ley”.
- “Que se le prorrogue el contrato de arrendamiento al tenor del artículo 9 de esta ley”.
- “Que el arrendador realice las reparaciones necesarias del inmueble arrendado y sus instalaciones”
¿Qué pasa si se violan mis derechos como arrendatario?
Como es de conocimiento público, los contratos de alquiler deben ser formalmente presentados ante el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Panamá (MIVIOT) para tener validez. En tal sentido, cualquier controversia acontecida entre el arrendador y el arrendatario por cualquier causa, motivo o circunstancia debe resolverse mediante la Dirección General de Arrendamientos, organismo dependiente del MIVIOT.
Obligaciones del arrendatario
Citamos textualmente algunos fragmentos del artículo 32, donde se indica que el arrendatario está obligado a:
- “Pagar puntualmente el canon de arrendamiento”.
- “Usar el inmueble arrendado única y exclusivamente para los fines que establece el contrato de arrendamiento”.
- “Cuidar y conservar el bien inmueble arrendado en el estado que le hubiere sido entregado”.
- “Comunicar al arrendador, en el más breve plazo posible, cualquier perturbación, usurpación o daños que se cause al inmueble arrendado”.
- “Tolerar la realización de las reparaciones urgentes o necesarias del inmueble arrendado”.
- “Permitir al arrendador, previa notificación, que realice inspecciones periódicas al inmueble arrendado y verifique sus condiciones”.
- “Entregar el inmueble arrendado en las mismas condiciones en que lo recibió, salvo los deterioros ordinarios imputables al uso y a la acción del tiempo”.
¿Qué pasa si el arrendatario no cumple con sus obligaciones?
Como ya lo explicamos, las obligaciones y derechos del arrendatario en Panamá son de carácter forzoso; por esta razón, toda situación que se salga de los límites acordados en el contrato y que genere desacuerdos en el alquiler de una propiedad de uso particular o comercial, debe ser solventada por la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Panamá. Este organismo es el ente encargado de atender, asesorar, coordinar, proponer y/o resolver las controversias derivadas de las actividades de arrendamientos urbanos.
